El Gobierno salió a defender a la Fuerza Aérea de las acusaciones que surgieron a partir de la detención de tres hijos de brigadieres (fallecidos en España), que viajaban a bordo de un avión cargado con 944 kilogramos de cocaína. El portavoz oficial fue el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien dijo tener «bronca contenida» por las imputaciones al personal de la fuerza por la supuesta falta de controles en los aeropuertos.

«No me cabe la menor duda que muchos de ustedes habrán sentido, al igual que yo, la bronca contenida de salir a contestar relacionamientos imposibles de contestar. No nos podemos hacer cargo de la vida y obra de las personas en cualquier etapa de la historia de hace 15, 20, 30 años y que nos las enrostren a nuestras Fuerzas Armadas», sostuvo el ministro al encabezar un acto en la Primera Brigada Aérea de El Palomar.

Puricelli dijo que «no se pueden desgastar vilmente las instituciones de la Nación bajo ningún pretexto, y mucho menos por circunstancias condenables y execrables como las que se pretendieron». El personal militar quedó en el foco de la polémica por las presunciones de la presencia del avión en la base aérea de Morón por casi dos meses, antes de partir a Barcelona, donde fue detenido.

Según el funcionario, los esfuerzos del personal de las Fuerzas Armadas «se encontraron jalonados por tristes circunstancias deplorables y condenables de personas que, vinculadas familiarmente a antiguos jefes de nuestra Fuerza Aérea, ocuparon los titulares de los diarios», en alusión a Gustavo y Eduardo Juliá, y a Matías Miret, hijos de brigadieres fallecidos.

La Justicia realizó ayer una inspección ocular en la base de Morón. La medida estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, que investiga las derivaciones locales del operativo realizado en el aeropuerto El Prat, de Barcelona. La base de Morón cuenta con una jurisdicción compartida entre la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El Gobierno argentino sostiene que la droga no fue cargada en Morón, sino en Cabo Verde, lo que aún no dilucidó la Justicia.

Fuente: Ambito Financiero