Juan de Dios Cincunegui tuvo que volver a Buenos Aires desde Punta del Este. Julio Alak lo hará hoy desde Cariló. El Ministerio de Planificación Federal convocó anteayer con urgencia a dos de los directores que llevan adelante la gestión de la nueva Aerolíneas Argentinas. Intenta avanzar en cuestiones concretas que permitan consolidar la etapa estatal en la línea aérea. El primer paso podría darse con la firma de un acuerdo de paz social con los gremios.

En realidad, algunos sindicalistas se resisten a la denominación "paz social". La juzgan excesivamente ambiciosa para una relación que recién empieza y que será larga. El Estado ya ha concedido bastante en sueldos aeronáuticos el año pasado, pero agregará ahora un poco más: el pago del incremento salarial del 19,5% acordado entre la CGT y el Gobierno para 2008, todavía pendiente en el sector. Se trata, en rigor, de una formalidad no cumplida, porque las mejoras de ingresos de los trabajadores corrieron el año pasado por otros carriles, como pagos adicionales, a los que ahora se sumará otro 19,5 por ciento.

El acta acuerdo servirá además para empezar la discusión salarial para este año y consolidar, quizá, si los pilotos lo permiten, la unificación de convenios por actividad en cuestiones adicionales al salario.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, almorzó anteayer con varios dirigentes sindicales en un predio de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), el sindicato de los mecánicos, que conduce Ricardo Cirielli. De Vido es un kirchnerista no rencoroso: intenta por estos días componer la relación con un gremio que no siempre coincidió con todas las decisiones del Gobierno sobre el sector.

Cirielli no ha tenido consideraciones precisamente elegantes para con algunos de quienes encabezaron la expropiación de Aerolíneas Argentinas, como el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. "Jaime debería estar preso", dijo el sindicalista y ex funcionario en julio del año pasado. Pero sin APTA no hay paz social ni aviones que vuelen, y De Vido lo sabe.

Comité de dirección
Otro de los pasos que el Gobierno intentará dar en las próximas horas es la designación de una especie de comité que conducirá Aerolíneas y Austral hasta que se concrete la expropiación aprobada a fines de año por el Congreso. "La ley dice que el Estado puede ejercer los derechos accionarios hasta que se transfieran las acciones", explicaron ayer a LA NACION en el Gobierno. La expropiación debe hacerse mediante el inicio de un juicio del procurador del Tesoro.

El decreto de creación de esa comisión ya está firmado por De Vido, según les reconoció el ministro en las últimas horas a varios interlocutores. Ahora se espera que lo haga la presidenta Cristina Kirchner.

Mientras tanto, representantes del Gobierno siguen en contacto con ejecutivos del grupo Marsans para una medida que le daría a la expropiación un desenlace no traumático para los españoles: el traspaso al Estado de una parte de los aviones que el grupo empresarial encargó hace tiempo mediante un contrato con el fabricante europeo Airbus.

Los españoles querían destinar esas unidades a Aerolíneas durante los tres próximos años, pero sin incorporarlos al patrimonio de la compañía. De Vido les dijo a los gremios que el Gobierno estaba dispuesto a discutir el precio. Lo que la Casa Rosada le pide a cambio a Marsans es que no presente una demanda en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por la expropiación.

Marsans tiene una orden de compra por unos 70 aviones nuevos de Airbus. Los podría estar recibiendo durante todo el año. Pero como parte de esas unidades estaba destinada a Aerolíneas y Austral, afirma estar dispuesto a cancelar los contratos. Es lo que le dice al Estado argentino, que necesita aviones rápido, algo que no conseguiría por propia cuenta. Este tipo de reservas lleva meses o incluso años.

Funcionarios, empresarios y sindicalistas reconocieron ayer a este diario la existencia de esa negociación. "El Estado se dio cuenta de que no es tan fácil encontrar aviones disponibles. Entonces se sentaron a negociar un traspaso de esas órdenes", dijo uno de los negociadores españoles.

De Vido ha negado una versión que circula desde hace varias semanas en el sector: que otra de las concesiones sería dejarle un porcentaje de las acciones a Marsans. Pero está de acuerdo con la operación de traspaso. Algunos funcionarios del Gobierno ven en el acuerdo con Marsans, por fin, tras un año áspero, un gesto complaciente hacia la administración del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Es una buena forma de terminar con esto -dijo un ejecutivo que participa de las conversaciones-. Aerolíneas y Austral quedan para el Estado y Marsans se lleva algo de dinero, que es lo que pretendía desde el principio."

Fuente: Diario La Nación (Argentina)
Autor: Francisco Olivera (con la colaboración de Diego Cabot)