Según el informe que presentó ayer la Auditoría General de la Nación (AGN) al Congreso, el Estado terminaría poniendo más de u$s 1.000 millones si expropia Aerolíneas Argentinas y Austral, que están virtualmente quebradas. “A partir del ejercicio contable cerrado el 31 de diciembre de 2007, las sociedades auditadas se encuentran en estado de liquidación”, reza el trabajo que presentó Leandro Despouy, titular de la AGN, ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
“Luego de este informe especial, que nos pidió la (citada) comisión, el Estado tiene una herramienta para sustentar cualquier decisión que tome”, apuntó Despouy a El Cronista, aunque prefirió no opinar si la expropiación es lo más conveniente. “El balance de Marsans es tan cuestionable que su auditor, PriceWaterhouseCoopers (PWC) se abstuvo de firmarlo en 2007, y eligió no hacerlo durante 2008”, agregó Despouy.
El informe de la AGN detalla que el Estado puso $ 897 millones hasta el 5 de diciembre, y cuestiona distintos números del balance presentado por Marsans. Por ejemplo, los $ 209 millones del programa Aerolíneas Plus, que “la compañía imputa como realizados” y “cuya prestación de servicios debe brindar en el futuro”. Entre este y otros asientos contables, la diferencia entre la valuación de Marsans y la que realizó AGN llega a casi $ 1.621 millones. De acuerdo al grupo español, el Patrimonio Neto negativo de Aerolíneas y Austral en conjunto es de $ 894,3 millones; mientras que la AGN totalizó $ 2.515 millones.
La reacción de los miembros de la comisión revisora bicameral fue, en general, de sorpresa ante un panorama que imaginaban menos grave. Esta comisión tiene a los oficialistas Nicolás Fernández, Miguel Angel Pichetto y Agustín Rossi; pero también están los radicales Gerardo Morales y Alejandro Nieva, o el justicialista disidente Juan José Alvarez, sobre un total de doce miembros.
Según fuentes parlamentarias, será difícil que el oficialismo vuelva atrás con la decisión de expropiar. Pero “el informe presentado hoy (por ayer) expone las desventajas económicas de hacerlo”, confesó un diputado kirchnerista bajo la reserva de su nombre. Tanto para esta fuente, como para muchas otras de los poderes Legislativo y Ejecutivo, el mayor error fue que el Congreso no eliminara el Acta Acuerdo firmada por los dueños de Marsans, Julio de Vido y Ricardo Jaime, el 17 de julio.
Fuente: Diario El Cronista Comercial
Autor: Lucio Di Matteo |