El empresario español Gerardo Díaz Ferrán, uno de los propietarios del grupo Marsans –que controla Aerolíneas Argentinas–, admitió ayer la posibilidad de renunciar a un proceso judicial internacional como respuesta a la inminente expropiación de la empresa por parte del Estado argentino.
Según explicó Díaz Ferrán al diario madrileño ABC, “el pleito tendría que comenzar en la Argentina, donde es probable que le dieran la razón al Gobierno de Cristina Kirchner”. “Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional, el empresario dijo que están evaluando renunciar a esa vía ya que en los tribunales internacionales el proceso podría prolongarse durante seis u ocho años y los costos judiciales serían muy elevados, incluso superiores a los que podría recuperar”, publicó el periódico español.
En julio de este año, el grupo Marsans había llegado a un acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner por el cual cada parte debía realizar una tasación para calcular el precio de Aerolíneas Argentinas. En caso de discrepancias, una cláusula de ese acuerdo permitía acudir a un arbitraje internacional que calculara el valor de la empresa. Mientras que la valoración del grupo español –a cargo de la compañía de servicios financieros Credit Suisse– fijó un precio de entre 300 y 500 millones de euros, el gobierno argentino, a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, calculó una valoración negativa de 500 millones de euros.
Impulsado por el kirchnerismo, que busca aprobarlo antes de fin de año, el proyecto de ley que ordena la expropiación de la empresa aérea ya tiene media sanción aprobada en la Cámara de Diputados y ayer comenzó su tratamiento en el Senado, donde se espera será convertido en ley el 17 de este mes.
La reunión inicial del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Transporte se adelantó un día por pedido del titular de la primera de esas dos comisiones, el kirchnerista Nicolás Fernández, quien aseguró ayer que no tendrán problemas para emitir un dictamen favorable.
Por su parte, el presidente del grupo español, Gonzalo Pascual, volvió a defender su gestión y admitió ayer que, en caso de que la expropiación se lleve a cabo, “no podemos ir en contra de lo que un Estado soberano pueda decir”, y que si el gobierno argentino cree que a través de una empresa nacional pueda mejorar el trasporte aéreo “no seré yo quien lo combata, creo que es una decisión soberana”. Además, expresó que “no nos merecemos un trato negativo porque hemos hecho que durante muchos años la Argentina tuviera un transporte aéreo que de otra manera hubiera sido prácticamente ilusorio pensar en ello”. Luego aseguró que le gustaría cerrar la relación con Aerolíneas Argentinas “de una manera más amigable y menos traumática para todos”.
El CIADI falló a favor de Argentina
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, rechazó una demanda presentada por la petrolera alemana Wintershall por u$s300 millones contra el Estado argentino.
La empresa cuestionó la pesificación, las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y otras medidas adoptadas por el gobierno argentino en el contexto de la crisis desatada a fines de 2001 e invocó la protección del Tratado Bilateral de Inversiones entre la Argentina y Alemania.
El tribunal concluyó que la demanda no correspondía a la jurisdicción del CIADI, ya que el reclamante debió previamente someter la controversia ante los tribunales argentinos durante un período de 18 meses, conforme lo exige el Tratado Bilateral. Wintershall es titular de permisos de explotación petrolera en varias provincias.
Fuente: Diario Crítica de la Argentina |