Dice Gerardo Díaz Ferrán, y tiene razón, en que el Gobierno argentino mantuvo congeladas las tarifas aéreas durante los años en que Aerolíneas era manejada con puño de hierro por su ex-socio Antonio Mata, mientras él y su otro socio, Gonzalo Pascual monitoreaban desde Madrid la marcha de ese negocio de ultramar. Un negocio por el cual ellos tres habían pagado sólo un dólar. A cambio, la SEPI española --es decir, la totalidad de los contribuyentes españoles-- les entregó casi el 100% de Aerolíenas y Austral junto a un generoso cheque por más de 750 millones de euros.

Eso fue en octubre de 2001, cuando Aerolíneas debía 1.000 millones de pesos/dólares. Con la devaluación, la deuda en pesos con acreedores internos se licuó a un tercio. Por añadidura, el acuerdo concursal estableció una quita sobre la deuda verificable superior al 60%. En definitiva, de los 750 millones de euros, Marsans debió disponer de menos de la mitad para pagar el acuerdo concursal.

Pese entonces a disponer de un saldo multimillonario para modernizar a Aerolíneas, el grupo Marsans (es decir, Díaz Ferrán, Pascual y Mata) también retrasó entonces sus inversiones en la línea aérea, en una partida de póquer con el gobierno de Néstor Kirchner. En más de una ocasión anunciaron una inversión de US$ 1.000 millones de dólares. Pero cuando fueron desplazados en julio de 2008, Aerolíneas y Austral tenían en su patrimonio sólo dos aviones alcance internacional en condiciones operativas --A340-- y un puñado de MD con más de diez años promedio. El resto era todo alquilado.

A mitad de camino, en el verano español de 2006, Díaz Ferrán y Pascual acordaron con De Vido la separación de Mata, un ejecutivo que estaba en la mira del Gobierno. Se les prometió a cambio una suba de tarifas que les llegó recién en mayo de 2008, cuando la estatización ya estaba en marcha.

No lo sabían, pero a Mata le hicieron el favor de su vida: según aseguraron entonces sus voceros, Mata les vendió su parte en más de 100 millones de dólares. En cambio, ahora Marsans debe pedir plata a un fondo de inversión para pagar los US$ 25 millones que le costará el juicio en el CIADI.

Fuente: Clarín
Autor: Luis Ceriotto