La expropiación de Aerolíneas Argentinas llegará el próximo miércoles al recinto de la Cámara de Diputados. Ayer, los legisladores del bloque del Frente para la Victoria firmaron en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General un dictamen de mayoría para declarar de “utilidad pública y sujetas a expropiación” las acciones de Aerolíneas, Austral y sus empresas controladas. Es la consecuencia del fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el grupo Marsans.

La oposición tiene tiempo hasta mañana para presentar un dictamen de minoría. “Hay un acuerdo entre el radicalismo, la Coalición Cívica y nosotros, para que nuestro dictamen rechace la expropiación. El fundamento es que se debería operar con una nueva compañía. El oficialismo tiene un enorme interés en que el Estado pague la deuda de terceros”, le advirtió a este diario el diputado del PRO Federico Pinedo, que sospecha que hay un pacto del Gobierno con algunos jefes sindicales de la compañía.

El rechazo a la expropiación es un nuevo giro en la estrategia de la oposición. Hasta ayer, diputados radicales y del PRO impulsaban un dictamen que avalaba la expropiación de los activos necesarios para armar una nueva empresa. El cálculo que hacen es que ese armado costaría apenas entre el 20 y el 30 por ciento de la deuda que se terminará pagando para sostener a Aerolíneas Argentinas.

Habrá también otros dictámenes de minoría. Carlos Raimundi, del bloque de SI, anunció que presentaba uno en sintonía con la expropiación de acciones que propone la mayoría, aunque con algunas objeciones.

La iniciativa oficial fue apoyada también por los diputados de la Concertación y de Encuentro Social y Popular. De este último bloque, Ariel Basteiro, ex representante del Estado en la compañía, le explicó a Crítica de la Argentina que apoyó el proyecto oficial porque es el que “preserva la seguridad jurídica y el que tiene menor costo económico”. “La oposición dice que el pasivo es de 900 millones de dólares. Pero dentro de ese número hay 400 millones de deuda impositiva con el Estado Nacional que tampoco se cobraría si –como quiere un sector de la oposición– se compran sólo los activos, otros 240 millones son de pasajes vendidos que aún no fueron usados que se cubren si la empresa está operando, 150 millones son de deudas con proveedores argentinos, es decir empresas grandes y pequeñas, y luego, sí, hay un 10 por ciento de la deuda que se debería investigar si no fue generada por otras empresas como Air Comet”.

En la reunión de ayer, que duró cuatro horas, la principal defensa del proyecto del oficialismo estuvo a cargo de Alejandro Rossi, que aseguró que “vamos a pagar cero” por las empresas. Y destacó que las compañías tienen “deudas exigibles y no exigibles”.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán insistió en la necesidad de encontrar responsables políticos y empresariales que llevaron a la firma al estado famélico actual. “Tampoco aceptamos que se hagan planteos binarios, como es este proyecto o el abismo. La Justicia tiene que ir sobre los responsables para que ellos paguen con sus propios bienes lo que tienen que pagar”, explicó luego. Y le apuntó al secretario de Transporte, Ricardo Jaime: “Acá hubo un pacto el 21 de junio de 2006. Cuando Jaime recibió un 4 por ciento más de acciones gratis pero retiró las impugnaciones de los balances que hoy nos permitirían reclamar de otra manera. Además, también negociaron 398 mil pesos de aportes a la campaña de Cristina y Cobos”, denunció el legislador.

Fuente: Diario Crítica de la Argentina