El ex jefe de Gabinete menemista Jorge Rodríguez fue procesado junto a otros dos ex funcionarios inferiores por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Es por supuestos acuerdos "espurios" con la empresa Aeropuertos Argentinos 2000 (AA2000) para favorecerla en la concesión para la explotación de los aeropuertos.
Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas en una vieja causa que tramitaba cuando el juzgado que él ocupa estaba a cargo de Carlos Liporaci. La principal imputación es la de haber modificado algunas cláusulas del contrato de concesión luego de que AA2000 obtuviera la licitación respectiva, en 2008.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el magistrado no encontró pruebas de que Rodríguez se haya beneficiado económicamente por su supuesta intervención a favor de la empresa.
"No se ha demostrado que los imputados hubieran actuado animados por la obtención de lucro alguno", sostuvo el juez en su resolución, a la que Clarín accedió de fuentes judiciales. Esa referencia fue hecha para explicar por qué le embargó los bienes a Rodríguez por sólo 130 mil pesos, destinados a cubrir los gastos del juicio, y no por un monto mayor dada la envergadura del contrato (ver recuadro).
Pero sí cree Rafecas haber hallado pruebas de que Rodríguez y los otros dos procesados violaron su deber de imparcialidad u objetividad en el ejercicio de la función pública, por haber "volcado en la operación una injerencia beneficiante" para la empresa que explota desde 1998 los 33 aeropuertos nacionales.
El delito de negociaciones incopatibles con la función pública prevé una pena de uno a seis años de prisión para "el funcionario público que se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". Rodríguez fue procesado como autor de ese delito, sin prisión preventiva.
En cambio, el ex secretario de Control Estratégico de la Jefatura de Gabinete Miguel José Solé y el ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia fueron procesados como partícipes necesarios de ese delito, sin prisión preventiva.
El juez destacó que de no haber pasado tanto tiempo desde los hechos investigados también habrían resultado procesados los abogados de AA2000 (Máximo Bomchil, Guido Tawil y Carlos Martino), beneficiados con la prescripción de la acción penal. El ex secretario de Transporte Armando Canosa tampoco pudo ser procesado ya que había sido sobreseído por Liporaci sin que apelara esa decisión el fiscal interviniente.
La investigación del juzgado de Rafecas tuvo como eje central dos documentos que reflejaron las supuestas negociaciones ocultas entre los abogados de AA2000 y los funcionarios públicos. Fueron aportados de manera anónima por un supuesto empleado de la Secretaría de Transporte y ratificados por testigos que declararon en la causa. La principal modificación en beneficio de AA2000 tuvo que ver con la desocupación y explotación de los espacios comerciales dentro de los aeropuertos.
Seis cambios clave bajo la lupa del juez
Tal como pasó en su momento con Arerolíneas Argentinas, la privatización de los aeropuertos generó denuncias de todo tipo, incluso entre los socios que se habían presentado originalmente a la competencia. Los cambios presuntamente acordados entre el concesionario (Aeropuertos Argentina 2000) y el gobierno de Carlos Menem fueron señalados principalmente por legisladores de la oposición de aquel entonces, incluida la ex diputada y actual embajadora en Venezuela Alicia Castro. Los opositores señalaron seis cambios respecto de la licitación.
Los 32 aeropuertos fueron concesionados a través de un decreto firmado por Menem que ahora la Justicia revisa a partir de la intervención del por entonces jefe de Gabinete Jorge Rodríguez. En el pliego de la licitación se decía que los aeropuertos se entregaban tal como estaban respecto de los locales comerciales interiores, o sea que la resolución de esa cuestión quedaba en manos del concesionario. Pero cambió.
"El compromiso inicial del Estado Nacional se circunscribía a colaborar con el concesionario en la formalización de los actos administrativos necesarios para lograr la desocupación de los espacios comerciales en cuestión" pero "las ulteriores declaraciones de voluntad del Estado lo comprometieron a otorgar y aún garantizar el pleno uso y disponibilidad de esos espacios", dijo el juez en su resolución.
Fuente: Clarín
Autor: Lucio Fernández Moores |