La relación entre Marsans y el gobierno argentino, que decidió comprar compulsivamente Aerolíneas Argentinas, atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión: el grupo español teme que el Estado quiera dejar caer el acta acuerdo firmada hace dos meses y, por eso, el viernes envió una carta al ministro de Planificación, Julio De Vido, en la que se queja de los obstáculos que se pone para hacer la valuación de la compañía.
En Marsans, según confiaron a LA NACION altas fuentes de la negociación cercanas a los ejecutivos Vicente Muñoz y Eduardo Aranda, sospechan que el Gobierno intentará desconocer el acuerdo que fija una doble tasación de la empresa y una eventual tercera, independiente, en caso de disidencias. Si eso ocurriera, la única valuación sería la que hiciera el Tribunal de Tasaciones, como estableció una ley votada en agosto.
"Marsans evalúa el camino por seguir. Pero si el Estado hace caer el acta acuerdo, también cae el fundamento que tiene el Estado para cogestionar Aerolíneas junto con Marsans. Entonces, podríamos pedir que Marsans retomara en forma exclusiva el control de Aerolíneas", aseguró una fuente del grupo español.
Si se cayera el fundamento de la cogestión, sólo quedarían dos alternativas: o administra Marsans -que jurídicamente sigue siendo titular de Aerolíneas porque el Estado todavía no pagó el precio ni expropió- o el Estado dicta una ley expropiatoria.
La ley que votó el Congreso establece que el Estado "rescatará por compra" la empresa y que el precio lo fijará el Tribunal de Tasaciones. Pero la ley no anuló el acta acuerdo que establece la triple valuación (el Tribunal de Tasaciones, el Crédit Suisse -por Marsans- y otro, imparicial, si no hubiera acuerdo).
La carta que lleva las firmas de Muñoz y de Aranda fue enviada con copia a Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y al embajador de España en la Argentina, Rafael Estrella.
Esta semana, Muñoz se reunió en Madrid con el ministro de Industria de España, Miguel Sebastián, y no se descarta que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero plantee el tema ante la presidenta Cristina Kirchner, con quien se verá en Nueva York esta semana.
Queja escrita
La nota enviada a De Vido, con la firma de Aranda, recuerda que Marsans y el Estado, en el acta acuerdo del 17 de julio, pactaron el sistema de triple tasación.
Marsans dice que, por su parte, permitió el ingreso de decenas de representantes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Ministerio de Planificación, y que trabajó en la preparación de los estados contables y mantuvo reuniones con el Crédit Suisse y el Tribunal de Tasaciones.
En la carta, se acusa a Julio Alak, representante del Estado en Aerolíneas, de obstruir la valuación de la empresa y se reitera un pedido de reunión a De Vido.
A Alak la empresa lo acusa de lo siguiente:
- No colaborar para elaborar el plan de negocios de la empresa, esencial para su tasación. Mientras Marsans -según la nota- presentó el suyo en una reunión de gerentes del Consejo de Transición, Alak faltó sin aviso a la reunión en la que se trató el tema, tras lo cual llamó al Crédit Suisse Nueva York para decirle que impugnaba el plan. No aceptó dar ninguna explicación ni dijo cuáles eran los aspectos que impugnaba.
- El auditor del Estado también se queja. En la última reunión de directorio, el miembro de la Comisión Fiscalizadora designado por el Estado, Carlos Vidal, manifestó su imposibilidad de aprobar el balance por haber recibido la información apenas la tarde anterior de la reunión en la que se trató el tema.
La ley aprobada por el Congreso no solucionó el problema de las tasaciones, porque no anuló el acta acuerdo -muchos legisladores oficialistas y de la oposición creen que sigue vigente- y tampoco decidió expropiar.
Reclamo internacional
Así, ahora, Marsans tiene una base para reclamar que el Estado debe colaborar para fijar el plan de negocios de la empresa y, sobre esa base, llegar a un precio de la empresa.
Hay también una discusión sobre el patrimonio de la empresa y sobre cuáles son sus deudas. Y mientras el Estado pretende pagar cerca de cero pesos, Marsans pretendería un monto bastante elevado (algunos hablan de 450 millones de euros).
Como sea, Marsans pretende dar pelea y sabe que no tiene chances de manejar la empresa con los sindicatos en contra, pero si el Estado da el próximo paso -que podría ser el de expropiar- le quedaría habilitada la vía para un reclamo internacional.
Cuestión de precio
- El directivo de Marsans Vicente Muñoz es uno de los que manejan la discusión con el Gobierno por el precio de la compañía que comprará el Estado.
- En una dura carta al Gobierno, el grupo español sugiere que, si no hay acuerdo, está dispuesto a retomar el control absoluto de la aerolínea.
Fuente: Diario La Nación
Autor: Adrián Ventura |