Spanair ha cerrado un mes de julio complicado, no sólo por los conflictos laborales que han desembocado en una huelga los lunes y viernes de agosto, sino también por una estadística de pasajeros que demuestra que la nueva aerolínea propiedad de un conglomerado de empresas e instituciones catalanas no termina de despegar. Según datos de AENA, la compañía perdió un 26% de pasajeros durante el primer mes de la temporada alta, quedándose en 881.062 clientes y figurando como una de las más perjudicadas del sector aéreo español.

Seis meses después de su adquisición al grupo escandinavo SAS, el futuro inmediato de la compañía que preside Ferrán Soriano no se presenta sencillo. Los sindicatos amenazan con convertir la huelga de agosto en indefinida a la espera de lo que pueda ocurrir mañana: si las partes en conflicto no llegan a un acuerdo el Ministerio de Trabajo decidirá sobre el polémico plazo para trasladar a 480 empleados de Servicios Generales de Palma a Barcelona. Los tripulantes de cabina también comienzan a dejar oír sus quejas y septiembre deberá despejar la sospecha sindical en torno a nuevos EREs que la dirección de la aerolínea no ha desmentido con la suficiente claridad.

En cuanto a los negativos balances de tráfico de pasajeros, Spanair no sólo se sitúa por ahora lejos de aspirar a la reducción de tasas aéreas que el Gobierno ha previsto para las compañías que en el segundo semestre del año mejoren sus cifras, sino que se enfrenta a una dura lucha contra sus competidores cuando la crisis económica ni siquiera empieza a amainar. Tampoco resulta sencilla la búsqueda de accionistas para reunir los 30 millones que faltan hasta completar el capital social inicial, hecha la salvedad de que los empresarios canarios parecen de entrada interesados en la operación. Muchas dificultades para un proyecto joven pero ambicioso que no termina de ofrecer resultados.

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