El Gobierno concretó ayer otra reestatización de una empresa privatizada en los 90: el Senado convirtió en ley el proyecto que nacionaliza la Lockheed Martin Aircraft Argentina SA, concesionaria de la ex fábrica militar de aviones también conocida como Área Material Córdoba.
En la misma sesión, el Senado aprobó con sólo dos abstenciones la autorización pedida por el Ejecutivo para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida del país de las propias para participar en 22 ejercicios militares internacionales. Sólo se abstuvieron los kirchneristas entrerrianos Pedro Guastavino y Blanca Osuna, argumentando el conflicto que existe entre la Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia.
El proyecto de estatización de la Lockheed no tuvo oposición, aunque sí abstenciones que marcaron otra diferencia entre la UCR y la Coalición Cívica: todos los radicales presentes en esa primera sesión celebrada tras el receso por las vacaciones de invierno y la gripe A apoyaron la iniciativa, pero el peronismo disidente y los senadores de la Coalición se abstuvieron, lo que no complicó la votación.
El proyecto aprobado busca «reactivar la empresa aprovechando no sólo materiales, sino también los recursos humanos existentes, para volver a generar con el tiempo un centro de formación y capacitación de personal de primer nivel, como lo fue en décadas pasadas».
Pero aunque casi todo fue armonía en el recinto, algunas dudas sobre los números de la operación se mantuvieron. El proyecto explica que «el patrimonio al 31 de diciembre de 2008 era de 67 millones de pesos, con un activo de $ 277 millones y pasivos por $ 210 millones».
Según un informe del Ministerio de Defensa, entre los activos se registran créditos a favor de la empresa por $ 145 millones, que son deudas que tiene el Estado por provisión de materiales. En el pasivo, el rubro más importante es el de los adelantos del Estado a la empresa, que alcanzan los $ 100 millones.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno explicó que «la ex fábrica militar de aviones, que desde los años cincuenta se convirtió en un polo de crecimiento y desarrollo industrial formidable, sufrió el embate de las políticas desindustrializantes de los años de la última dictadura militar y de la privatización de la década de los noventa».
La encargada de defender esa línea fue la presidenta de la Comisión de Defensa, la justicialista mendocina María Cristina Perceval. Ella dio algunas precisiones sobre lo que costará a los argentinos volver a contar con la fábrica de aviones: informó que el monto que deberá abonar el Estado para hacerse cargo de la firma es de $ 67 millones: «Estamos comprando desarrollo aeronáutico», se justificó, aunque suene extraño hoy que la tecnología con que cuenta el Área Material Córdoba esté en condiciones de servir para lanzar un polo aeronáutico competitivo.
«Recuperar la iniciativa puede traducirse en producción de nuevos motores, el desarrollo de una versión nueva del avión Pampa, el mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Aérea, la modernización del Pucará y la producción de armas lanzables», dijo Perceval.
El vicepresidente de la Comisión, el radical entrerriano Arturo Vera, tampoco puso reparos: «Nunca debimos desprendernos de la fábrica de aviones, para la Argentina era motivo de orgullo».
Pero aunque el voto de la oposición estaba garantizado, pidió precisiones en el monto a pagar por la compra: «Hace falta mayor precisión en el avalúo, hay herramientas para que paguemos exactamente lo que se requiere». Esa protesta no importó, ya que la decisión estaba tomada.
No fue la posición que mantuvo el interbloque federal: el salteño Juan Carlos Romero, en nombre del interbloque Federal de diez senadores, pidió permiso para abstenerse de la votación: «No se observa ninguna seguridad de que esta medida sea una solución», dijo. Lo mismo hicieron María Eugenia Estenssoro y la nueva ex kirchnerista María José Bongiorno.
Fuente: Ambito Financiero |