Diputados y senadores de la Coalición Cívica, la UCR y el PRO reclamaron al Gobierno que envíe al Congreso el contrato renegociado con la empresa Lockheed Martin para la fabricación de aviones militares y advirtieron que llevarán a la Justicia un pedido para que investigue si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incumplió sus deberes de funcionaria pública al avanzar en las modificaciones sin someter el convenio a la consideración parlamentaria.
Néstor y Cristina Kirchner, en 2004 y 2008, renegociaron la concesión de la ex Fábrica de Aviones Militares al gigante estadounidense Lockheed Martin mediante el uso de dos decretos secretos, como publicó Crítica de la Argentina el 18 de febrero. El secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Oscar Cuattromo, argumentó que el “carácter de reservado” del decreto de Fernández de Kirchner “obedece a que el mismo se refiere a mantenimiento de aviones militares que forman parte del sistema de defensa nacional”. La oposición no está de acuerdo.
“Ésa es una empresa privatizada. No hay ninguna normativa que la exceptúe del trámite parlamentario”, afirmó el diputado del PRO Esteban Bullrich, quien integra la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones. Mañana, los legisladores de la oposición le pedirán al titular de la comisión, Mariano West, que cite a la primera reunión del año y se discuta la situación de los contratos renegociados desde 2003, que incluye el de la Lockheed, según anticipó a este diario el radical Rubén Lanceta. “Es ilegal que se renegocie un contrato sin la aprobación y el control parlamentario. Y si tiene algún aspecto secreto, en ese caso se analiza en forma reservada, algo que está previsto por ley”, remarcó. Desde la Coalición Cívica, Marcela Rodríguez anticipó que llevará el caso a la Justicia. “No está previsto que se renegocie un contrato con una privatizada en secreto. ¿En qué condiciones se hizo? ¿Cómo se sabe que la empresa cumple? La Justicia tiene que determinar si hay incumplimiento de deberes”, afirmó Rodríguez.
En tanto, el Ministerio de Defensa anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para adquirir el paquete accionario de la Lockheed en el Área Material Córdoba. Los diputados y senadores deberán considerar la estatización de esa empresa –que podría implicar un desembolso por parte del Estado– sin conocer con precisión cómo fue el desempeño de la privatizada.
La ex Fábrica de Aviones Militares, al igual que todas las empresas y servicios que fueron transferidos al sector privado en los 90, está sometida al régimen que estableció la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Esa norma obliga al Gobierno que informe “permanentemente” al Congreso “toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos” a esos contratos. Eso nunca ocurrió.
Fuente: Diario Crítica de la Argentina |