Los defensores de los ex directivos de la empresa LAPA, imputados en el juicio oral sobre la tragedia de 1999 que costó 65 vidas, sostienen que hasta ahora quedó descartado el tema de la falta de vacaciones como un determinante del accidente. Para ellos, ahora la clave del juicio pasará por determinar por qué el piloto y el copiloto desoyeron una alarma que les indicaba abortar el despegue. ¿Fue por falta de capacitación o por una cultura empresarial transgresora, como plantea la querella? ¿Estaban debidamente capacitados y podían volar juntos, o fue por un problema psicológico del piloto, que se encontró con un copiloto que no quiso enfrentar a la autoridad de la cabina?
El 31 de agosto de 1999 el vuelo 3142 no despegó. Piloto y copiloto desoyeron una alarma que les indicaba un problema. Una configuración incorrecta de los flaps no fue corregida a pesar de la señal sonora y el avión carreteó hasta chocar con un talud de tierra en Costa Salguero, luego de atravesar la avenida Costanera.
Los acusados son, por el lado de la empresa, el ex presidente Gustavo Andrés Deutsch, el ex gerente general Ronald Boyd, el ex gerente de operaciones Fabián Chionetti, la ex gerente de recursos humanos Nora Arzeno, el ex jefe de línea Boeing 737-200 Gabriel Borzani y Valerio Diehl, ex gerente de operaciones.
La defensa cita al perito oficial Jorge Prelooker, quien indicó que los factores descanso y vacaciones no tuvieron intervención en el accidente, `ya que el piloto había tomado 45 días en el año 1998, mientras que en el año del accidente (1999) ya había gozado de 15 días de vacaciones. Y citan al perito oficial médico Federico Morera señalando que ambos pilotos habían sido calificados como `Apto` en los exámenes físicos. `Había una deuda de vacaciones, pero el piloto estaba dentro de un plan de regularización de vacaciones y el tema de la fatiga de vuelo quedó descartado`, dijo el doctor Diego Alvarez Bognar.
`Descartado también el problema mecánico -siguió--, queda por ver algo importante: si Weigel tenía problemas psicológicos o de capacitación. Si fueran psicológicos, habría una falla del Estado, que tiene que controlar a través del INMAE. Si fuera capacitación, sería la empresa`. Los abogados de los imputados Deutsh, Boyd, Chionetti, Borsani y Diehl apuestan a que el Tribunal acepte un pedido de `probation`. Para eso consideran clave que la aseguradora entregue información sobre los 42 millones de dólares que se pagaron por indemnizaciones a familiares y víctimas del accidente.
Fuente: Diario Clarín |