El artículo “Cristina’s secret” publicado por Crítica de la Argentina el 18 de febrero lanza una falsa acusación de secreto malicioso al acto administrativo de la Presidenta –Decreto “S”–, que encuadra en la normativa legal vigente y cuyo carácter de reservado obedece a que se refiere al mantenimiento de aviones militares que forman parte del sistema de defensa nacional y está en un todo de acuerdo con lo establecido en el decreto 9.390/63, promulgado durante la presidencia de Arturo Illia.

La concesión a Lockheed Argentina entró en vigencia el 1 de julio de 1995 con un horizonte temporal de 25 años, hasta el 30 de junio de 2020. La empresa está obligaba a dos cuestiones: la primera, realizar el mantenimiento de una parte sustancial de los aviones de FAA, los C-130 Hércules, IA-58 Pucará, Mentor, Fokker F 27 y 28, Twin Otter, IA-63 Pampa y A4; y la segunda, mantener las capacidades productivas de la fábrica, centradas casi exclusivamente en el programa de fabricación de los aviones Pampa.

A principios del año 2000, existía un incumplimiento en los pagos por parte del Estado argentino de ocho meses, lo que sumado a la devaluación y default de 2001 tornaba imposible el cumplimiento de la continuidad de la relación contractual con la empresa, la que, de acuerdo a los contratos de concesión, se encontraba facultada a solicitar la resolución de los mismos por incumplimiento con cargo al Estado.

Las negociaciones mantenidas con la empresa derivaron en la rescisión de ese contrato, la formalización de un acuerdo por el pago de la deuda vencida y la firma de otros dos nuevos para dar continuidad a las actividades de la fábrica.

El proyecto Pampa, suspendido desde principio de los 90, fue reactivado durante la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, quien mediante el Decreto secreto 162/04 ratifica los nuevos contratos denominados 03 (de mantenimiento) y 04 (avión Pampa) luego de la indispensable intervención de los organismos de control del Estado, y estipula la modernización de la aviónica de los doce aparatos que ya poseía la Fuerza Aérea y la construcción de seis aviones nuevos.

Los seis aviones nuevos fueron todos entregados a la Fuerza Aérea en las siguientes fechas: 19/11/2007 – 31/12/2007 – 26/03/2008 – 27/05/2008 – 21/08/2008 – 30/10/2008. Las aeronaves se encuentran en la Base El Plumerillo, Mendoza, o en Córdoba, lugar de localización de la Escuela de Aviación Militar y de la fábrica de aviones donde se realizan ensayos o el mantenimiento correspondiente.

La segunda etapa del proceso de mejora y actualización de los Pampas está contenida en el actual Contrato 06, que prevé el desarrollo de dos prototipos de nuevos motores que serán instalados en un avión demostrador. Este contrato también estipula la elaboración de diez estructuras nuevas. Con los nuevos motores se tiene previsto, en un futuro, equipar a la totalidad de la flota de aviones Pampa.

Según Crítica de la Argentina, el Estado nacional le habría pagado a Lockheed Argentina al 31/12/2007 cerca de $1.470,3 millones. Los pagos efectivamente realizados en ese período fueron de $537,356 millones de pesos, que incluyen la fabricación de aeronaves y el servicio de mantenimiento y reparaciones a los aviones de FAA. Si se consideran los pagos realizados durante el 2008, deben agregarse $271 millones. El total acumulado es de $809 millones, muy diferente de lo que se atribuye en el artículo: “A los Kirchner (…) desde (…) que llegaron al gobierno hasta hoy”, que según sus particulares cálculos es de los $1.786 millones.

En Octubre de 2007, no se hizo un agregado a los contratos. Se firmó, junto a los contratos 05 y 06, uno nuevo, denominado “Contrato de transición de la concesión para la eventual transferencia de las acciones de la sociedad concesionaria LMAASA” (Contrato 07). Dicho contrato preveía que las partes podrían notificar la una a la otra su intención de no formalizar un nuevo contrato de servicios aeronáuticos para la Fuerza Aérea y ejecutar lo previsto en cuanto a la transferencia de las acciones antes del 30 de diciembre de 2008.

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ratificó mediante el Decreto “S” N° 628 del 14 de abril de 2008 los contratos firmados por la ministra de Defensa y la empresa, ya que el monto de los mismos requiere autorización presidencial.

El contrato cuenta con la autorización legal presupuestaria correspondiente y los pagos se han efectuado de acuerdo con las facturas mensuales que presenta la empresa en función del “rolling plan” debidamente aprobado y que forma parte de las obligaciones contractuales de la misma.

El programado retorno del AMC a la órbita del Estado vuelve a enlazar el presente y el futuro de la fábrica, con la mejor tradición de la misma, previa a su concesión en los 90. Cuando el Estado la condujo, fue una empresa líder para la industria nacional. Lo volverá a ser.

Fuente: Diario Crítica de la Argentina
Autor: Oscar Cuattromo (Secretario de Planeamiento - Ministerio de Defensa)