El último viernes se cumplió un año del inicio del juicio oral y público a los imputados por el trágico accidente de un avión de Lapa. El hecho ocurrió el 31 de agosto de 1999 a las 21, cuando el vuelo 3142 de la empresa aérea con destino a la ciudad de Córdoba fracasó en su intento de despegue desde el aeroparque Jorge Newbery de la Capital Federal, atravesó los límites de la estación aérea y arrastró a varios automóviles hasta impactar contra un terraplén e incendiarse, lo que provocó la muerte de 65 pasajeros y tripulantes.

Con ocho imputados, 1.400 testigos y la perspectiva de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de obtener como mínimo una pena de cinco años de prisión, el proceso iniciado el 20 de febrero de 2008 en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, ingresó la última semana en un punto de inflexión. Ello a partir del pedido de los acusados de suspender el juicio a cambio de cumplir tareas comunitarias, un beneficio conocido como probation, que el Tribunal Oral Federal número 4 resolverá el próximo jueves.

Hasta aquí, lo ocurrido en Comodoro Py podría sintetizarse de la siguiente manera: la querella y el Ministerio Público Fiscal coinciden en que el accidente fue producto de una cultura empresarial poco apegada a las normas de seguridad, que daba prioridad al negocio antes que a la protección de las personas, por lo que cargan la responsabilidad en sus directivos.

Según este razonamiento, el hecho de que el piloto Gustavo Weigel no supiera actuar frente a la alarma que le advertía que existía un problema en los flaps no fue producto sólo de su inoperancia, sino del hecho de que, pese a registrar antecedentes negativos como comandante, Lapa lo seguía habilitando para volar.

La defensa de los imputados, en cambio, carga las tintas sobre el error cometido por el piloto, reflejado en la manera irregular en que manejó el procedimiento de cabina previo al despegue, registrado en la caja negra de la aeronave.

Para sostener estas hipótesis desfilaron ante el Tribunal cientos de testigos: pilotos, azafatas, mecánicos, peritos, sobrevivientes y especialistas en temas aeronáuticos. Fueron muchos los que aludieron a la cultura organizacional de Lapa como poco segura, y menos los que contribuyeron a sostener la hipótesis de la defensa.

Justamente estos letrados, liderados por el abogado Jorge Sandro, realizaron durante el proceso reiterados planteos de recusación contra testigos y peritos que, a juicio del titular del Tribunal, Leopoldo Bruglia, también objeto de un pedido en ese sentido, pusieron de manifiesto una actitud “temeraria” por parte de la defensa.

La “probation”. En junio de 2008, cinco de los imputados pidieron la suspensión del juicio a prueba y ofrecieron, a cambio de la prosecución del proceso, cumplir tareas en la Amia, en Cáritas y en el Sanatorio San Lucas.

Sin embargo, el Tribunal no pudo resolver ese planteo porque la defensa no lo acompañó con la documentación correspondiente, entre ella la información sobre las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Así, las audiencias para la definición del pedido de probation se fueron postergando hasta el pasado jueves 18, cuando la Fiscalía y la querella brindaron su punto de vista sobre el tema.

Tanto los fiscales Carlos Rívolo y Guillermo Friele como los abogados de los familiares pidieron a los jueces que rechacen ese pedido por “extemporáneo” y por no ajustarse a los requisitos que establece el Código Penal para la probation, ya que consideran que la pena que debería aplicar el Tribunal por el delito de “estrago culposo” debería ser de cumplimiento efectivo y hasta podría cambiar a “estrago doloso” –cuya pena mínima es de 10 años de prisión– sobre el final del proceso.

En cambio, los defensores de los ex directivos de Lapa imputados, Gustavo Deutsch, Ronaldo Boyd, Fabián Chionetti, Gabriel Borsani y Valerio Diehl, defendieron su derecho a solicitar el beneficio sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que amplió los alcances de la suspensión del juicio a prueba a determinados delitos que superen los tres años de prisión.

Más allá de lo que resuelva el Tribunal, las partes coinciden en otorgar a esta decisión –sea o no favorable a sus respectivas posiciones– el carácter de punto de inflexión en el caso.

“El solo hecho de pedir la probation implica que los acusados admiten su responsabilidad en el accidente, por lo que si el Tribunal rechaza el pedido, ¿con qué argumentos van a insistir en que no hubo negligencia de la empresa?”, reflexionaron ante La Voz del Interior los familiares de las víctimas.

Para ellos, es imposible aceptar la idea de que los jueces accedan a suspender el juicio. Esperan con este proceso obtener una sentencia ejemplar que marque un antes y un después en materia de seguridad aeronáutica y consideran que la magnitud de aquella tragedia se merece otro final.

Fuente: Diario La Voz del Interior (Córdoba)