El uso que hace Néstor Kirchner de la flota presidencial y de otros bienes del Estado con fines partidarios ya acumula tres denuncias en la Justicia.

A la acusación hecha anteayer por el abogado Ricardo Monner Sans, ayer se sumaron otras dos presentaciones, de los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Fernando Sánchez. Una fue tramitada ante la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Julio Vitobello; la otra, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido.

Allí, los legisladores pidieron que se investigue al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por "malversación de fondos públicos y peculado".

Anteayer, LA NACION había revelado que Kirchner viajó a un acto del Partido Justicialista en Jujuy en el avión presidencial Tango 10, que utilizó helicópteros oficiales en dos de sus tres últimos actos en el conurbano (filmados por La Corte, una productora contratada por el Gobierno) y que hubo asistencia allí de personal de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada.

Los diputados cuestionaron en la presentación "las intenciones electorales" del líder peronista. "Asistimos al desvío de recursos del Estado en beneficio de un partido para posicionar sus candidatos. Es una clara forma de corrupción que amerita una profunda investigación", expresaron en el texto de la denuncia.

Acusaron a Randazzo y, sobre todo, a Parrilli, por ser los funcionarios encargados de "autorizar" los viajes de la flota presidencial y preparar la logística de los viajes.

"En el Gobierno la malversación es constante -cuestionó Sánchez ayer, en diálogo con LA NACION-. Desvían fondos para el enriquecimiento personal y para hacer política partidaria. Su forma de obtener dinero es defraudando al Estado. Están violando las leyes básicas de la contienda democrática."

Para los denunciantes, la única asistencia del Estado autorizada para el líder peronista en un acto partidario es la seguridad.

"El resto no es justificable. La Justicia debería exigir los gastos públicos extras que hubo en cada acto y castigar a los responsables", dijo Sánchez. Las penas por malversación de fondos son de un mes a tres años de prisión.

El fiscal Garrido ayer derivó la denuncia de los legisladores al juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini. La razón: allí el abogado Monner Sans había hecho su denuncia por los mismos hechos; acusaba al jefe del PJ de "uso indebido de bienes públicos".

En el Congreso, legisladores de la oposición ayer consensuaron el detalle de las explicaciones que exigirán a partir del 1° de marzo, cuando se inicien las sesiones.

El diputado de Pro Luis Galvalisi adelantó que hará un pedido oficial para que el Gobierno informe "en carácter de qué" viaja el ex presidente en la flota presidencial, que se "detallen los montos asignados y funcionarios autorizantes" y si "los gastos fueron asignados a las cuentas del gobierno nacional".

Fuente: Diario La Nación (Argentina)