Las fuerzas aéreas de la Argentina y el Uruguay concluyeron el viernes maniobras combinadas de detección de aviones ilegales que cruzan la frontera entre ambos países. El ejercicio se cumplió en un contexto de disminución de la presencia de fuerzas de seguridad en esas áreas por la decisión del Gobierno nacional de desplazar efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura al conurbano bonaerense. La manta es corta; reasignar personal de seguridad fronteriza a objetivos del interior bonaerense deja huecos que aprovechan otros sectores del delito trasnacional, el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas.
El comandante de operaciones de la Fuerza Aérea uruguaya, brigadier general Antonio Alarcón, y su colega criollo, Marcelo Ayerdi, festejaron con un almuerzo en la brigada aérea Nº 2, en Durazno, Uruguay, el éxito de las operaciones. «Detectamos e interceptamos todos los TAI (tránsitos aéreos irregulares, en la jerga de los pilotos), inclusive algunos que venían a muy baja altura», dijo uno de los operadores que no quitaba los ojos de su pantalla.
Todo se siguió a distancia desde el búnker que tiene la Fuerza Aérea Argentina en Merlo, provincia de Buenos Aires. Desde allí se ordenó el decolaje de los aviones Pucará basados en Paraná que interceptaron vuelos furtivos simulados por avionetas Piper Dakota.
La edificación data de 1960; se construyó según parámetros de diseño de los búnkers británicos de la Segunda Guerra Mundial, tiene tres plantas bajo tierra y alberga equipos que son el nervio del Grupo VyCEA (Vigilancia y Control del Espacio Aéreo). Su misión es concentrar la información proveniente del sistema de radares del país con el objetivo de controlar el tráfico aéreo que ingresa y egresa de los límites del espacio aéreo argentino. Tarea limitada por ahora a dos aparatos móviles obsoletos, los Westinghouse TPS-43, a los que se sumarán en breve dos radares cedidos por el Ejército del Aire español, FPS 113/90, de tecnología más moderna, pero aún muy distantes de los digitales que usan la mayoría de las fuerzas aéreas. Los aviadores operaron en Merlo un equipo experimental desarrollado por el INVAP, el Radar Primario Argentino (RPA). Este prototipo fue el modelo que abrió la línea de producción a seis más por un monto superior a los 400 millones de pesos. En el VyCEA se procesa en tiempo real toda la información de los radares de la Fuerza Aérea y eventualmente la que provean los del Ejército en los sectores de vigilancia aérea centro, nordeste y Noroeste. También puede recibir información complementaria de los radares secundarios pertenecientes a la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) ubicados en el sur del país.
Con el paraguas radar no alcanza; el sistema de disuasión completo requiere de un protocolo de interceptación y eventual derribo de los aviones ilegales.
Hay más de un proyecto de ley de derribo que pasó sin suerte por el Congreso; el primero fue presentado en 2001 por el entonces senador Jorge Capitanich, hoy gobernador del Chaco. Capitanich financió con recursos provinciales la construcción del Centro de Vigilancia Aérea Resistencia, flamante estructura operativa inaugurada en 2010, asiento de uno de los radares tridimensionales FPS 113/90 españoles con un alcance de 400 kilómetros.
Fuente: Ambito Financiero
Autor: Edgardo Aguilera |