El Gobierno y el grupo Marsans esperan firmar hoy un acta compromiso por la que el Estado absorberá una parte del pasivo de los españoles por unos 35 aviones Airbus por un monto estimado entre u$s 1.500 y u$s 2.000 millones. Si Argentina cumple con los pagos, el grupo privado levantará su demanda ante un tribunal internacional contra el país. En paralelo, los funcionarios deberán firmar un convenio con la fabricante de aviones francesa, garante de la operación. Las dos partes buscaron cerrar los canales de información por una orden de la Presidenta de no mezclar la visita oficial con un diferendo puntual. A última hora de ayer, los técnicos de ambos lados limaban las últimas diferencias.
“Si no es ahora, no es nunca”, dijo una fuente cercana a las negociaciones. El acuerdo beneficia a todos los involucrados.
El Estado compra a un buen precio 35 aviones Airbus –tanto para Austral como para Aerolíneas– que servirán para vuelos de cabotaje, internacional y regional. Son parte de un contrato por 71 máquinas que hace cuatro años firmó Marsans con la fabricante francesa. Con esta cesión, Marsans se quita de encima un pago por hasta u$s 2.000 millones y podrá recuperar la seña ya puesta de unos u$s 250 millones. Retirará su denuncia ante el CIADI por la expropiación una vez que el Gobierno comience a efectivizar los pagos a Airbus. En una primera etapa se comprarían tres Airbus para 280 pasajeros a menos de u$s 120 millones cada uno.
Para Airbus tiene el atractivo de reforzar su presencia regional, disminuyendo la de Boeing. Hay negocios adicionales como la venta de repuestos y el entrenamiento de tripulaciones. Pero los abogados de Airbus les han aconsejado a los directivos de la empresa que tomen sus recaudos en la cuestión de las garantías, dado que el Estado argentino no tiene buenos antecedentes. Tanto los franceses como los españoles pedían la firma de la Presidenta para lograr así un mayor compromiso político. El planteo fue rechazado de plano por los negociadores argentinos.
Por último, se añadió ayer un condimento al capítulo Aerolíneas. Un juez español citó a declarar como imputados a dos ex directivos y un actual alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por las presuntas irregularidades en la utilización de fondos públicos concedidos por ese organismo para cancelar las deudas de Aerolíneas Argentinas.
Fuente: Diario Crítica de la Argentina |