El Gobierno también distribuyó ayer fondos para aumentar el presupuesto destinado a Defensa y Planificación en relación con la actividad aeroportuaria.

Mientras el Aeroparque y Ezeiza volvían ayer a la normalidad, dentro de las modificaciones al Presupuesto 2011, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una reasignación de fondos para reforzar el control del tránsito aéreo.

Según la norma oficial, el Gobierno dispuso una partida de $ 150 millones para la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otros $ 234,4 millones para la compra, por parte del Ministerio de Defensa, de seis radares de largo alcance.

Volumen

La ANAC es una dependencia del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido y el dinero que el Gobierno agrega a su presupuesto representa un aumento del 56,7%.

La decisión de la administración kirchnerista remató un día de caos en todos los aeropuertos del país, tras las fallas en los sistemas de comunicaciones de las bases de Ezeiza, Aeroparque y San Fernando, que obligaron a la suspensión de todos los vuelos.

En el Boletín Oficial se publicó la modificación de la distribución del presupuesto de la administración nacional con el objeto de establecer refuerzos y compensaciones en las autorizaciones de gastos en esas carteras en las obligaciones a cargo del Tesoro.

Las mayores partidas para Defensa que fueron distribuidas se fundamentaron en la norma sobre la base de «la necesidad de financiar el adelanto a proveedores, relacionado con la adquisición de seis radares primarios 3D largo alcance, por 234,4 millones de pesos».

En cuanto al área de Planificación, la medida dispuso «incrementar el presupuesto de la Dirección General de Fabricaciones Militares, financiado con fondos del Tesoro Nacional, a efectos de cumplir con la Etapa 1 del Proyecto Polo Nitramar 3, en 58 millones de pesos».

Así, como la ANAC manejó el año pasado $ 264,6 millones, al contar con 1.207 empleados, el 48% de los fondos era utilizado para pagar sueldos.

Por otra parte, una vez que se reanudaron las operaciones, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si existió un sabotaje relacionado con el incidente.

El expediente quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina, en respuesta a las sospechas deslizadas desde los gremios aeronáuticos sobre una posible acción adrede para favorecer la privatización del control del tráfico aéreo. La asignación de fondos parece responder a la vez a la intención de acallar esas especulaciones.

La actividad comenzó a regularizarse después de que se cancelaron más de 130 vuelos por una falla en el sistema de comunicación entre los aviones y las torres de control, que mantuvieron durante nueve horas paralizados el Aeropuerto de Ezeiza, el Aeroparque y el Aeropuerto de San Fernando.

Fuente: Ambito Financiero