El único acuerdo que permitiría enmendar los daños en la relación entre el Gobierno y el grupo Marsans tras la nacionalización de Aerolíneas seguía anoche demorado.

Los españoles están dispuestos a digerir la expropiación sólo si logran seguir haciendo negocios -ya que a eso vinieron en 2001-. Conseguir transferirle al Estado argentino un contrato de compra de aviones Airbus por US$ 1500 millones, en momentos en que el mundo aeronáutico prevé una inminente caída en la demanda, sería, a estas alturas, un logro empresarial ambicioso.

El Gobierno parece presto a concederlo si, con eso, evita contaminar el viaje de la presidenta Cristina Kirchner a España. Hay un susto fresco: la reacción de empresarios hoteleros días atrás en Madrid, durante la visita del secretario de Turismo argentino, Enrique Meyer, a la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo. Meyer no sólo tuvo que soportar críticas públicas de Gonzalo Pascual -accionista de Aerolíneas, que se quejó de los bloqueos gremiales a los vuelos hasta julio pasado- sino que también escuchó también advertencias de otros operadores turísticos.

De ahí que algunos empresarios de otros rubros se hubieran sorprendido aquí a principios de esta semana, cuando Rafael Llorens, subsecretario de Legales del Ministerio de Planificación, frenó sus planteos sectoriales con una respuesta terminante: nada que no sea Aerolíneas Argentinas acaparará, por lo menos esta semana, la atención gubernamental.

Así, a falta de acuerdos concretos, se optó ayer en la quinta de Olivos por cuidar la imagen en un acto que careció del anuncio principal. Dos horas antes, Rafael Alonso, vicepresidente de Airbus para América latina, había emprendido el regreso a Miami sin el acuerdo que vino a firmar. Las diferencias persistían anoche en el modo de pago de esos 30 aviones: Marsans se negó a cederle al Estado la financiación obtenida por su condición de operador internacional.

El Gobierno aprovechó entonces para anunciar un alza salarial del 19,5%, que en realidad ya se había acordado el año pasado. Desde la Casa Rosada se dijo además que los gremios se comprometían a la "paz social" por tres años. No es así: un sindicalista releía anoche ante este diario el texto que había firmado y siguió sin encontrar plazos ni precisiones sobre eventuales treguas. Lo aclaró incluso, durante el acto, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, enfrentado ahora con el ministro Julio De Vido por el control de Aerolíneas. "Yo no le puedo garantizar que no haya protestas", contestó a una periodista delante de las cámaras.

Sándwich con champagne
De Vido, negociador ante los gremios, fue ovacionado por dirigentes de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), peleados con Jaime. El ministro le insufló importancia al encuentro. Habló de una mejora en la puntualidad de los vuelos desde la reestatización y elogió la gestión gubernamental por haber bajado a la mitad las pérdidas mensuales en Aerolíneas, evolución básicamente estacional, sólo percibida si se comparan los días de temporada baja en que llegó el Gobierno y los actuales, de mayor actividad.

De Vido agregó que se había extendido el horario de almuerzo en los vuelos, demanda recogida minutos después por la Presidenta, que criticó la gestión de Marsans: "Me ha tocado que me vengan a reclamar en El Calafate porque no les dieron el sándwich y los refrescos que contemplaba el pasaje. Y no hablo de caviar y champagne".

Palabras que buscaban enaltecer una celebración a la que le había faltado -para seguir con la obsesión gastronómica- el plato fuerte.

Fuente: Diario La Nación (Argentina)
Autor: Francisco Olivera